Delcy Rodríguez y sus aliados no se van a rendir fácilmente. Planean adaptarse y bloquear, en la mayor medida posible, cualquier intento de restaurar la democracia en Venezuela. Esta es su estrategia.
Por Freddy Guevara
Enero de 2026
Quiero dejar algo claro desde el principio. Soy optimista sobre el futuro de Venezuela. La captura de Nicolás Maduro marca una oportunidad real para conquistar la democracia. De mantenerse las condiciones actuales, Venezuela está encaminada a una transición. Habrá incertidumbre, el camino estará lleno de obstáculos y el proceso será costoso, pero el rumbo es claro.
Sin embargo, el sistema autoritario construido por Maduro, aunque ha sido herido en lo fundamental, aún no se ha derrumbado. Hoy lo conduce una élite gobernante reconfigurada, representada de manera más visible por la exvicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, y su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional del régimen, respaldados por un pequeño círculo de altos jerarcas que sobrevivieron a la caída de Maduro.
Por ello, no debemos confundir optimismo con triunfalismo. La nueva configuración del régimen todavía conserva opciones estratégicas, y sus integrantes están decididos a luchar por la supervivencia política del sistema. Suponer lo contrario sería un error grave, con consecuencias potencialmente irreversibles.
La historia ofrece ejemplos de miembros de regímenes autocráticos que terminaron convirtiéndose en figuras de transición. Ojalá Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez escojan ese camino. En lo personal, apoyaría cualquier proceso que conduzca genuinamente a una transición democrática, incluso si es impulsado por quienes me encarcelaron a mí y a muchos de mis amigos. Pero la esperanza, por sí sola, no es una estrategia.
Cualquier análisis serio debe partir de un supuesto claro: quienes quedaron al mando tras la salida de Maduro no quieren democratizar. Al menos debemos asumirlo así hasta que sus acciones demuestren lo contrario. Hasta entonces, este debe ser el punto de partida del análisis estratégico.
Esta evaluación se basa no solo en la trayectoria del régimen de Maduro, sino también en la experiencia directa. En distintas etapas, como miembro de la oposición, diputado y, más tarde, integrante del equipo negociador durante el proceso mediado por Noruega, pude interactuar directa e indirectamente con Delcy y Jorge Rodríguez. Esas interacciones, junto con las experiencias coincidentes de otros actores, apuntan a un patrón recurrente: el uso sistemático de la flexibilidad táctica para permanecer en el poder y asegurar la supervivencia del régimen. De ese objetivo se desprende la estrategia que ahora es probable que sigan.
Ganar tiempo y negociar de forma asimétrica
La lógica central de la estrategia post-Maduro es adaptarse, no rendirse. Su primer pilar es ganar tiempo. El régimen apuesta a que cada mes adicional sin un avance democrático decisivo le permitirá reorganizarse, recuperar capacidad de maniobra y poner a prueba los límites de la presión externa.
Buscarán ganar tiempo mediante intercambios asimétricos. El régimen ofrecerá concesiones que puede revertir con facilidad, mientras exige beneficios de los que no puede desprenderse fácilmente. El ejemplo más obvio es la liberación selectiva de presos políticos mientras los cuerpos de seguridad, las estructuras de inteligencia y los marcos legales coercitivos permanecen intactos. A los presos pueden liberarlos hoy y volver a encarcelarlos mañana.
A cambio, el régimen buscará obtener ganancias irreversibles, entre ellas acceso a fondos congelados, legitimidad internacional, alivio de sanciones difícil de revertir o control sobre nuevas fuentes de ingresos. Una vez asegurados, estos recursos tienen más probabilidades de reforzar un control autoritario renovado que de impulsar la democratización.
Este patrón de intercambio asimétrico ha definido las negociaciones venezolanas durante años. No hay razón para creer que ahora vaya a desaparecer.
Dividir a la oposición y a Estados Unidos
El segundo pilar de la estrategia del régimen es la división. El régimen entiende que no puede derrotar simultáneamente a una oposición democrática unida y a una política estadounidense coherente. Su objetivo, por tanto, es dividir a ambos.
En el plano interno, intentará distinguir entre actores opositores “moderados”, que supuestamente garantizan estabilidad, y “radicales”, que, según su narrativa, amenazan con el caos. En el plano internacional, buscará convencer a Washington de que ciertos liderazgos democráticos son demasiado polarizantes, riesgosos o desestabilizadores como para permitirles un acceso real al poder.
Así han intentado retratar a María Corina Machado, líder de la oposición democrática y ganadora del Premio Nobel de la Paz, como un obstáculo para la estabilidad y no como una expresión de la voluntad popular. Según el régimen y sus aliados, la democracia puede esperar, porque Venezuela necesita orden, inversión y calma.
Al mismo tiempo, el régimen procurará explotar las divisiones dentro de los propios Estados Unidos. Intentará aprovechar diferencias en temas como seguridad energética, migración, estabilidad y democratización para retrasar o diluir la presión. Asimismo, buscará sacar provecho de los ciclos electorales, las rivalidades burocráticas y las distintas evaluaciones sobre los costos de mantener una amenaza creíble y sostenida.
Por ello, debemos anticipar un aumento de las labores de lobby orientadas a restringir o deslegitimar el uso de herramientas coercitivas contra el régimen, incluidos intentos de movilizar actores políticos internos y redes activistas que históricamente se han opuesto a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela. El objetivo no es derrotar la presión estadounidense de inmediato, sino debilitar su coherencia y durabilidad, atando la política hacia Venezuela a costos políticos domésticos en Washington.
En paralelo, el régimen buscará acercarse a petroleras estadounidenses y a inversionistas privados. Las empresas dispuestas a invertir bajo sus condiciones serán presentadas como socios constructivos. Aquellas que insistan en el estado de derecho y en garantías democráticas serán retratadas como ideológicas o poco confiables. El objetivo es cultivar una coalición de actores económicos interesados en una estabilidad sin democracia.
Los cinco planes del régimen
Todo este maniobrar responde a un propósito central: mantenerse en el poder. De ese objetivo se desprenden cinco posibles planes.
Primero, un modelo capitalista autoritario. El desenlace preferido del régimen es la aceptación internacional de un modelo similar al de China o Arabia Saudita. La inversión extranjera a gran escala, especialmente en el sector energético, coexistiría con la ausencia de libertades políticas significativas. Durante años, las autoridades venezolanas intentaron vender al mundo un modelo de inspiración cubana, que combinaba estancamiento económico con rigidez ideológica. Ese enfoque fracasó.
Ahora parecen dispuestos a sacrificar la ortodoxia ideológica mientras preservan el control político. Una versión más suave de este escenario sería un autoritarismo competitivo, caracterizado por un pluralismo limitado, elecciones controladas y una participación opositora cuidadosamente administrada que nunca amenaza realmente el poder.
Segundo, esperar a que Estados Unidos se desgaste. El régimen apuesta a que la capacidad o la disposición de Estados Unidos para ejercer presión coercitiva disminuirá con el tiempo, ya sea por nuevas crisis globales, cambios políticos internos o nuevos cálculos estratégicos. Mientras más se prolongue el proceso, mayor será la probabilidad de que Venezuela descienda en la lista de prioridades de Washington.
Hasta ahora, solo una presión coercitiva creíble —y no el acercamiento diplomático ni los incentivos económicos— ha producido concesiones significativas. El cálculo del régimen es que esa presión terminará debilitándose.
Tercero, inclinar la cancha electoral. Una tercera vía es el electoralismo controlado. El régimen argumentará que elecciones genuinamente libres generarían inestabilidad, amenazarían la inversión o provocarían nuevos conflictos. Sobre esa base, buscará excluir o neutralizar a los actores democráticos más fuertes, mientras permite elecciones formalmente competitivas pero, en la práctica, manipuladas.
Intentarán que una recuperación económica parcial, impulsada por los ingresos petroleros y la inversión extranjera, se utilice para legitimar el resultado, aun cuando este no sea democrático.
Cuarto, producir un sucesor no democrático. El régimen puede aceptar perder el cargo, pero solo para garantizar que quien lo reemplace no desmonte el sistema autoritario. En este escenario, el poder cambia de manos, pero las reglas del juego permanecen esencialmente intactas. La transición democrática se vuelve semántica más que sustantiva. Esta es una opción de último recurso si los otros planes fracasan.
Quinto, promover una transición democrática genuina. Esta opción solo emergería como resultado de una presión sostenida tanto de Estados Unidos como de la oposición democrática venezolana, combinada con negociaciones reales que involucren a ambos actores. Hoy por hoy, Estados Unidos es el único actor externo con disposición y capacidad coercitiva creíble, así como con el peso internacional necesario para ofrecer garantías exigibles, incluido el alivio de sanciones, aseguramientos legales internacionales y otros incentivos relevantes para las élites del régimen más allá de las fronteras venezolanas.
La oposición democrática, por su parte, es esencial para negociar reglas internas de convivencia política, garantías para funcionarios del régimen dispuestos a participar pacíficamente en un futuro sistema democrático y la reconstrucción de un nuevo contrato social que permita gestionar las diferencias políticas sin violencia. Hasta que exista evidencia clara de lo contrario, esta debe entenderse como la opción menos preferida por el régimen, y una que solo seguiría bajo presión sostenida y coordinada.
Por qué el optimismo está justificado
A pesar de los riesgos, no es momento para el pesimismo. El contexto actual es estructuralmente distinto a transiciones fallidas anteriores. El régimen está más débil, la oposición democrática más fuerte y la amenaza internacional es creíble.
Tres condiciones siguen siendo decisivas.
Primero, Estados Unidos debe sostener no solo su capacidad, sino también su compromiso explícito de ejercer presión máxima por una transición democrática real, y no limitarse a la estabilización o la normalización económica. Priorizar el orden por encima del cambio político corre el riesgo de afianzar la adaptación autoritaria.
Segundo, la oposición democrática debe mantenerse unida, disciplinada y electoralmente competitiva, al tiempo que construye acuerdos creíbles con otros actores políticos, incluidos sectores militares y miembros del régimen, para asegurar una transición y un futuro estable.
Tercero, el régimen debe seguir siendo incapaz de neutralizar la coerción externa. Eso requeriría una disuasión militar significativa o un respaldo robusto de actores como China o Rusia, ambos poco propensos a intervenir en el corto plazo.
El mayor peligro ahora es leer mal el momento, subestimar la capacidad de adaptación del régimen o confundir una apertura económica con una transición política. Ello podría producir un resultado que parece exitoso para algunos, pero que terminaría siendo un fracaso para las grandes mayorías.
La historia de Venezuela, y la de muchos otros países, ofrece advertencias claras. Las elecciones se pueden ganar y aun así perder el poder. Las transiciones pueden comenzar y luego revertirse. Las aperturas pueden ser aprovechadas para intentar un retorno autoritario.
El optimismo y la vigilancia no son contradictorios. Se complementan, y ambos son indispensables en esta coyuntura decisiva. En última instancia, lo que importará es si los venezolanos y los actores internacionales logran converger en un objetivo compartido: una transición democrática de verdad, con elecciones verdaderamente justas y libres, sin presos políticos y con competencia política real.![]()
Freddy Guevara es exvicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y ex preso político. Actualmente es investigador en el Centro Ash para la Gobernanza Democrática y la Innovación de la Universidad de Harvard.
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Image credit: Federico PARRA / AFP via Getty Images
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